La meta de las directivas de la Universidad de Pamplona, en cabeza de la rectora Esperanza Paredes Hernández, es consolidar académica y financieramente la institución.
Para ello inició el año pasado un trabajo que se refleja en hechos positivos, como es el pago de deudas, refinanciación de compromisos bancarios, recuperación de la gobernabilidad y la imagen institucional.
La labor está sustentada en tres hechos o aspectos fundamentales; teniéndose en cuenta que la rectora asumió en un momento difícil. Tan pronto asumió su mandato, la rectora, en conjunto con todos los estamentos, empezó un proceso de análisis que determinó realmente el estado financiero, administrativo, jurídico, fiscal y académico, entre otros aspectos, de la universidad.
“Una vez establecida la situación la hicimos conocer a la comunidad universitaria y luego al dominio público”, dijo en entrevista concedida a La Opinión.
A pesar del estado restrictivo, en términos financieros, el Consejo Superior Universitario apoyó a la Administración al definir una serie de directrices dirigidas a garantizar la supervivencia inmediata de la Universidad.
Es así como fue facultada para iniciar un plan de austeridad en el gasto. Se suspendieron las comisiones de estudio y las prórrogas, hasta cuando se considere que hay un punto de equilibrio que permita retomarlas.
“Iniciamos también, de la mano de la Gobernación del Departamento, un análisis mucho más técnico -con dos equipos-, para continuar con la depuración de la información”, dijo. Puntualizó que fue muy difícil el momento en que descubrieron cuál era el estado real del déficit. Destacó el apoyo de la comunidad universitaria y general, que abogó para que la institución de educación superior no fuera sometida a los requerimientos de la Ley 550 de 1999.
En ese momento se contó con el respaldo de los ministros de Educación (Cecilia María Vélez White) y de Hacienda (Oscar Iván Zuluaga), en lo referente a la definición de un programa voluntario de fortalecimiento institucional. Esta acción fue dirigida, principalmente, en lograr la reestructuración de la deuda bancaria que ascendía a $ 38.000 millones y que en su tiempo fue pactada a corto plazo.
“El hecho de ser negociada, con dos años de gracia y a siete años de plazo, nos permitió más solvencia, sobre todo en términos de flujo de caja y una ejecución del presupuesto más solvente”, precisó. El plan de ajustes también contempla la venta de algunos bienes improductivos que han permitido negociar parte de la deuda. Adicional a esto, se implementarán políticas de austeridad en el gasto y decisiones de carácter institucional que se valorarán a medida que se vayan adelantando las acciones.
Cuando la rectora recibió en 2009 la administración, encontró un déficit de $ 20.000 millones, una deuda bancaria por el orden de los $ 38.000 millones y a los acreedores se les debía $ 16.000 millones.
En la actualidad ha logrado pagar $ 16.000 millones, más la reestructuración de la deuda bancaria, lo que le ha dado un nuevo respiro a las finanzas de la Universidad.
Paredes Hernández destacó el acompañamiento y solidaridad permanente de la Gobernación de Norte de Santander, en cabeza del ingeniero William Villamizar Laguado y de los miembros del Consejo Superior Universitario, de quien dijo la dotaron de las herramientas fundamentales que han permitido hacerle frente a la complicada y difícil situación del año anterior.
La rectora retomó el tema de los aportes del Gobierno Nacional, recibiendo para la vigencia de 2009 aproximadamente $ 4.000 millones adicionales, de los cuales $ 3.000 se volvieron base presupuestal.
Dijo que estos recursos fueron fundamentales para poder terminar el año pasado con una solvencia financiera que garantizó la continuidad sin mayores contratiempos.
Apoyos
Mencionó que el año anterior se hizo visible la crisis de la universidad pública, y que a través del Consejo Nacional de Rectores, participaron con la Ministra de Educación en un diálogo amplio que estableció la manera como van a ser distribuidos los recursos.
Ante esto el Ministerio determinó tres grados de complejidad para las instituciones de carácter público; teniéndose en cuenta el desarrollo de investigación, infraestructura, docentes, ofertas académicas y niveles de complejidad.
Recordó que de acuerdo con estas directrices figuran en el primer orden las universidades de Antioquia, Industrial de Santander, Nacional y la del Valle.
En el segundo grado de complejidad quedó ubicada, entre otras, la Universidad de Pamplona, teniéndose en cuenta los indicadores de formación de recursos humanos a nivel de maestrías, doctorados, desarrollo de la planta física, laboratorios y los programas de pregrado, posgrados, especializaciones y maestrías, mientras que la otra universidad regional, la UFPS, quedó entre las de tercer grado de complejidad.
Mencionó como fortalezas la aprobación, el año pasado, del doctorado en Biotecnología que se adelantará en conjunto con las universidades de Antioquia, Pontificia Bolivariana y la Católica de Oriente.
Para la máxima representante de la institución pamplonesa, el estar en segundo grado de complejidad es muy importante, pues según los criterios establecidos por el Ministerio de Educación y Colciencias, para efecto de recursos que han de recibir las universidades públicas tanto por ampliación de cobertura como por desarrollos en las investigaciones, estar catalogada de esa manera permitirá interactuar con las instituciones de grado uno y tres para desarrollar proyectos conjuntos.
Mencionó el caso de Unipamplona que le apunta al fortalecimiento de un macroproyecto que definirá el norte de la universidad en la apuesta de construcción de la región binacional.
A su juicio, es importante la consolidación de estos aspectos porque se trabajará en la articulación de pregrados, posgrados y el desarrollo de la extensión social por medio de la interacción que se va a establecer, entre otros aspectos relevantes.
Siguientes pasos
El segundo aspecto relacionado con la gobernabilidad, tiene que ver con la tarea de recuperar la confianza y credibilidad de la institución ante las comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales.
Agregó que la Universidad de Pamplona cumplirá 50 años de servicio a la sociedad y es por eso que se tiene la aspiración de actualizar su tradición.
“Ese trabajo de recuperación de confianza fue muy importante para nosotros. Logramos defender el compromiso de ser una de las mejores universidades públicas en el país, para que le sirva a la sociedad dignamente con un gran sentido de responsabilidad social, como los colombianos se merecen y necesitan”, comentó.
En tercer lugar, Paredes Hernández dijo que valoraba el hecho de haber colaborado para devolverle la voz a los actores o estamentos universitarios (estudiantes, profesores y administrativos). Anotó que era claro que en la universidad, en los últimos años, la libertad de expresión se había restringido, lo que redujo la capacidad de actuación de las personas.
Esta acción se ve reflejada en el reconocimiento de las organizaciones estudiantiles y sindicales en su derecho de expresarse, al igual que de participar en la construcción y veeduría del cumplimiento de las funciones misionales suscritas por la administración.
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